Con motivo de los casos de despilfarro de las administraciones regionales que se están haciendo públicos en estos últimos días, el Gobierno acaba de aprobar un decreto ley para reducir los exorbitantes costes de las entidades territoriales y sus organismos. Se prevé una disminución en el número de parlamentarios regionales y la limitación de sus salarios. Se aumentará el poder del Tribunal de cuentas para supervisar los gastos de estas administraciones. Además, en el caso de que alcaldes o presidentes de provincias hayan incurrido en malversación de fondos, quedarán inhabilitados para el cargo durante diez años.
Fuente: Actualidad Exterior; MEYSS