El 1º de junio entró en vigor la nueva ley contra la economía sumergida que permite a las autoridades fiscales el acceso a las zonas exteriores de la propiedad privada, en las que se realicen obras de carácter profesional si existe sospecha de que éstas no sean declaradas. El objetivo es impedir la economía sumergida y que los ciudadanos no contraten a trabajadores ilegales. Por esta razón, las autoridades podrán exigir que los trabajadores de la obra se identifiquen. Hay que subrayar que el acceso de las autoridades fiscales se limita a las obras en la zona exterior de la propiedad y nunca en el interior de la vivienda. Las autoridades subrayan que se trata de identificar a las personas que proveen servicios ilegales y no a los propietarios del terreno, si bien las personas que contraten servicios tienen que ser conscientes que las facturas de un proveedor que superen la cantidad de 10.000 coronas (aprox. 1.300 €) anuales tendrán que abonarse a través de transferencias bancarias electrónicas autorizadas, ya que, en caso contrario, el ciudadano que contrate tendrá que pagar posteriormente el IVA correspondiente a la factura.
Fuente: Actualidad Exterior; MEYSS
