El 9 de octubre, diputados y senadores han aprobado el proyecto de ley sobre empleos de futuro. El texto aprobado ha sido recurrido ante el «Conseil Constitutionnel».
Los empleos de futuro se destinan prioritariamente a jóvenes sin empleo, que en el momento de la firma del contrato tienen una edad comprendida entre 16 y 25 años, sin ninguna o poca cualificación, y que encuentran dificultades particulares de acceso al empleo. Dentro de este grupo de población, se elegirán principalmente jóvenes residentes en zonas consideradas precarias: zonas urbanas sensibles (ZUS), zonas de revitalización rural (ZRU), departamentos de ultramar (DOM), en Saint-Barthélemie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, o en aquellos territorios en los que los jóvenes encuentren especiales dificultades de acceso al empleo.
El tope de edad para ser beneficiario de un empleo de futuro se aumenta (hasta menos de 30 años) en el caso de personas con discapacidad, oficialmente reconocida, que cumplan los requisitos exigidos para este tipo de contratos.
Los empleos de futuro afectan principalmente a los empresarios del sector no mercantil. En el sector mercantil pueden suscribir el contrato sobre empleos de futuro las agrupaciones de empresarios que organizan itinerarios de inserción y cualificación. Los empresarios particulares quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de los empleos de futuro.
El importe de la ayuda al empleo de futuro se concretará por decreto y será, anuncia el Gobierno, de la cuantía del 75% del SMI en el sector no mercantil y el 35% del SMI en el sector mercantil.
La ayuda se concederá por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 36 meses (contando las prórrogas que se hayan concedido), sin que esta prórroga en ningún caso pueda sobrepasar la fecha de finalización del contrato. Por el contrario y de manera excepcional, se puede autorizar una prórroga de la ayuda más allá de los 36 meses para permitir al beneficiario finalizar una formación.
Fuente: Actualidad Exterior; MEYSS; vie-publique.fr