El ministro de trabajo, empleo, formación profesional y del diálogo social ha presentado una comunicación en el consejo de ministros de 28 de noviembre sobre la lucha contra el trabajo ilegal.
El trabajo ilegal atenta contra los derechos sociales fundamentales de los trabajadores y causa un perjuicio considerable a la colectividad por la pérdida de importantes ingresos fiscales y sociales. Plantea, igualmente una competencia desleal a las empresas que respetan la reglamentación.
Por eso, el primer ministro ha reunido el 27 de noviembre a los miembros de la Comisión Nacional de lucha contra el trabajo ilegal para presentarles un plan de acción. El plan contiene cinco orientaciones:
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lucha contra las diversas modalidades de trabajo no declarado;
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represión del fraude a las normas de desplazamiento en el marco de las prestaciones de servicios internacionales;
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control de las operaciones de subcontratación;
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sanción por utilización de estatutos falsos;
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sanción por emplear extranjeros sin permiso de trabajo.
El plan prevé dos campos de actuación:
• una política de prevención que movilice al conjunto de los agentes afectados (incluyendo a los interlocutores sociales);
• la intensificación y mejora de controles, mediante la profesionalización y cooperación reforzada entre servicios. Un dispositivo interinstitucional apoyará los diferentes servicios territoriales.
Igualmente, se realizará un balance anual sobre las acciones aplicadas.
Fuente: Actualidad Exterior; MEYSS
