Aclaración sobre el buzón de fraude laboral del MEYSS

Comunicado de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social
Madrid, 6 de agosto de 2013

Una de las formas de iniciación de la actividad de

comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social es la denuncia de hechos presuntamente
constitutivos de infracción administrativa, que para poder ser
tramitada por los Jefes de las Inspecciones Provinciales
deberán reunir una serie de requisitos de carácter formal.
Las denuncias que no reúnan estos requisitos no podrán ser
tramitadas, sin perjuicio de que los Jefes de Inspección, de
acuerdo con la información que hayan podido obtener y tras
su correspondiente análisis, puedan ordenar la realización
de una inspección a un sujeto concreto. Esta práctica
resulta habitual en todas las Inspecciones Provinciales
y ha permitido, en numerosas ocasiones, detectar
talleres clandestinos en los que se empleaban
irregularmente y en condiciones indignas a
trabajadores, investigar atentados contra derechos
fundamentales como la igualdad y la no discriminación,
e incluso conductas en ocasiones rayanas o
constitutivas de delito, como supuestos de acoso

sexual o trata de seres humanos, sin olvidar otros

aspectos que atañen a la vida o a la seguridad de los
trabajadores como la realización de trabajos sin
disponer de medidas de prevención de riesgos
laborales. Por tanto, son los referidos Jefes de Inspección
los que, con anterioridad a la puesta en marcha del buzón
de fraude laboral, analizaban la información anónima
recibida y decidían si ordenaban o no una inspección sobre
un sujeto determinado o la incluían en la correspondiente
campaña (pudiendo también ser remitida a los distintos
cuerpos policiales para su análisis e investigación previa, o
simplemente ordenar su archivo por carecer de entidad
suficiente).
Tras la puesta en marcha del citado “buzón de fraude” la
actividad de los jefes no va sufrir alteración alguna, por
cuanto esta actividad ya la venían realizando.
Además, como decía al principio, la denuncia es una de las
formas de iniciación de la actividad inspectora, pero no la
única ni la más importante, dado que la actividad
planificada por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social es muy superior a la realizada mediante denuncia
pública. De esta forma, más de un 50% de la actividad total
de la Inspección obedece a una planificación previa que, en

la mayoría de las Comunidades Autónomas, resulta
participada o informada por los Interlocutores Sociales,
circunstancia que también se da en el ámbito del Estado,
por cuanto la Inspección informa anualmente de su
actividad en la Comisión Consultiva Tripartita de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrada por
los Sindicatos y las Organizaciones Empresariales más
representativos.
La Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social dispone que “La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social actuará de oficio siempre, como consecuencia de
orden superior, a petición razonada de otros órganos, por
propia iniciativa, o en virtud de denuncia, todo ello en los
términos que reglamentariamente se determinen” y que “Es
pública la acción de denuncia del incumplimiento de la
legislación de orden social. El denunciante no podrá alegar
la consideración de interesado a ningún efecto en la fase de
investigación, si bien podrá tener, en su caso, la condición
de interesado si se inicia el correspondiente procedimiento
sancionador en los términos del artículo 31 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. No se tramitarán las denuncias
anónimas, las que se refieran a materias cuya vigilancia no

Por tanto, es la propia Ley la que determina que la
Inspección puede actuar, además y sobre todo
mediante ORDEN SUPERIOR, A PETICION RAZONADA
DE OTROS ORGANOS Y POR PROPIA INICIATIVA
(véase que la denuncia la sitúa en el último lugar).
Por tanto, la finalidad última del buzón de fraude laboral no
es otra que la de obtener información ciudadana sobre los
distintos incumplimientos de orden social para poder, de
esta forma, mejorar la actividad planificada y, por tanto,
la eficacia de la actividad realizada por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en favor de los trabajadores
y de las empresas. El buzón distingue claramente entre la
acción de denuncia, que es pública y que debe realizarse
con todas las garantías, de la información que pueda
facilitarse por los ciudadanos a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de cara a una posible y ulterior
planificación de su actividad investigadora. Debe tenerse
en cuenta, que otros organismos públicos e

Instituciones Públicas reciben todos los días
información ciudadana que, en ocasiones se investiga y
en otras se desecha: Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, las Policías Locales, la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o la propia Fiscalía General del
Estado pueden abrir diligencias de investigación, incluso
por hechos de los que se ha tenido conocimiento a
través de los medios de comunicación social. Es claro
que existen Instituciones del Estado cuya función es
perseguir conductas contrarias al ordenamiento legal y que
por ello están investidas de competencia para poder
actuar siempre de oficio y sin necesidad de que exista
una denuncia sobre hechos que pudieran ser constitutivos
de delito o de infracción administrativa.
Finalmente, resulta paradójico que desde algunos ámbitos
se esté denunciando la precarización de las relaciones
laborales e incluso se manifieste públicamente que existe
miedo a denunciar por la posibilidad de perder el puesto de
trabajo, y que esos mismos denunciantes se manifiesten
contrarios a que la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social pueda disponer de otra herramienta, para la
adecuada planificación de su actividad investigadora y de
exigencia de responsabilidad a empresas incumplidoras y

trabajadores que perciban ilegalmente prestaciones del
Sistema de la Seguridad Social.

José Ignacio Sacristán Enciso
Director General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social

Fuente: MEYSS

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